Pequeños emprendedores de la economía social pueden agruparse y obtener una marca registrada para identificar sus productos e impulsar su comercialización.Primero fue la Ley de Microcrédito.
Luego el Plan de economía social y desarrollo local.
Ahora, el tercer eslabón de la cadena que augura fortalecer el comercio justo en la Argentina fue puesto en marcha.
Se trata de la Ley de Marca Colectiva, un sello único con el que podrán ser distinguidos los productos y servicios elaborados por emprendedores que persiguen la inclusión social, más allá de la obtención de un rédito monetario.
Para los referentes de este sector, "sintetiza un pensamiento muy fuerte entre los que luchamos por la economía solidaria”.
La flamante norma, recientemente presentada por la presidenta Cristina Kirchner, fue aprobada en abril último por la Cámara baja. La ley brindará a los actores del comercio justo una nueva herramienta para posicionarse mejor en el contexto de la economía global. Así, dispondrán de una forma única de identificación de sus productos y servicios para diferenciarlos de los fabricados por sus competidores de la economía tradicional.
También contarán con respaldo jurídico y comercial para ingresarlos al mercado regional e internacional. Y podrán participar de programas de calidad y valor agregado (capacitación y asistencia técnica), en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Pero para que el beneficio se haga efectivo, los interesados deberán primero nuclearse como agrupación e inscribirse en el Registro Nacional de Efectores, trámite que no infiere ningún gasto.
Para Roberto Kilmeate, presidente de la organización Surcos Patagónicos, OSC que tiene una tienda donde se comercializan las artesanías de pobladores originarios, la norma es "importantísima porque al ayudarnos a trabajar en conjunto contribuirá a contrarrestar algunas desventajas del sector como las dificultades para aumentar la productividad y lograr sustentabilidad".
A la hora de evaluar esta política, Juan Silva, fundador de la Red Argentina de Comercio Justo, coincidió con Kilmeate al señalar que la marca aportará "nuevas condiciones de sobrevivencia" del emprendimiento. Al estimular "el asociativismo, la exención de cargos impositivos y la no obligatoriedad de estar inscriptos en la IGJ -Inspección General de Justicia-", el trabajo de los emprendedores podrá convertirse "en un negocio de mayor escala, que permita ahorrar e invertir, y no morir con las grandes compañías", subrayó.
A su turno, Raúl Alesanco coordinador de Red Radar, una organización que nuclea a pequeños productores del sur argentino, resaltó que la posibilidad de gestionar y crear una marca entre varios emprendedores “es un incentivo verdadero y un capital de grupo”.
De acuerdo al hombre, para que la inserción al mercado extranjero sea eficaz, las marcas deben reflejar “el origen, la calidad y el tipo de trato comercial del que se desprenden los productos”. Es decir, “desarrollo local, economía social y comercio justo de manera tal que el que se acerca, sepa de dónde venimos y lo que somos”.
En la misma dirección se expresó Hernán Gargiulo, asesor legal de organizaciones sociales en temas de derechos de marca, pero advirtió sobre los destinatarios de esta iniciativa. "En el Registro de Efectores sólo pueden inscribirse emprendedores particulares en condición de pobreza o agrupados en cooperativas. Esto excluye a otros sujetos de la economía social que por su organización jurídica (asociaciones civiles o fundaciones), o por su condición social (no estar en una situación de vulnerabilidad social) se verían privados de acceder a esta interesante herramienta".
En consecuencia, sugirió ampliar el universo de beneficiarios del nuevo sello a través de normas complementarias. Por otro lado, remarcó la importancia de generar conciencia en el propio sector sobre la marca colectiva.
"Muy pocos emprendedores tienen marca porque no se difundieron sus beneficios económicos. Esto es porque en las raíces de la economía social no está el concepto de mercado, de competencia, puesto que no se aspira a ello, aún cuando se producen bienes y servicios que pueden incorporarse a un mercado más amplio. Y esto es trascendental para crecer, ser sustentable y prolongar la actividad en el tiempo", resumió.
Fuente: Juan Silva
